Fecha
Del 1 de agosto al 15 de octubre de 2025.
Cierre de inscripciones
15 de octubre de 2025
Publicación listado de admisión
1 de noviembre de 2025
En el año 2022, ONU Hábitat definió la gentrificación como un proceso de renovación y reconstrucción urbana acompañado por la llegada de personas de clase media o alta, lo que suele generar el desplazamiento de los habitantes más pobres de las zonas intervenidas.1
Globalmente este fenómeno ha sido estudiado en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Ciudad de México, Nueva York, San Francisco y muchas más. Mientras que en el caso de Costa Rica, la gentrificación no solamente se ha presentado en las zonas urbanas, sino sobre todo en las zonas rurales y costeras. Un fenómeno que ha ido en aumento de forma sostenida luego de la implementación del turismo como uno de los principales motores de la economía costarricense. Ha sido en los últimos años que esta problemática ha adquirido mayor visibilidad, principalmente por el acceso a redes sociales y páginas que comparten publicaciones de denuncias públicas, dando a conocer casos concretos que le dan una cara más cruda al fenómeno, lo cual no solo pone en evidencia casos ambientales y territoriales, sino también culturales y económicos, en las que grupos de extranjeros acaparan ciertas zonas (con restaurantes, festivales, hoteles y experiencias) implementando su idioma, cultura y moneda, creando una gran brecha entre nacionales y foráneos.
Ha sido gracias a los esfuerzos de colectivos comunitarios organizándose en el Caribe sur, el Valle Central pero especialmente en la provincia de Guanacaste, así como al trabajo periodístico del medio La Voz de Guanacaste, quienes han documentado y visibilizado el impacto de la gentrificación incluso antes de que el término se volviera de uso común. No obstante, esto ha generado diferentes tipos de reacciones y contrastes entre la población costarricense; grupos con tintes nacionalistas, otros bajo la cultura de conservación y preservación del ambiente, y otros inversionistas que apelan por el progreso y el desarrollo económico de la región como justificaciones de grandes intervenciones en bosques y áreas protegidas.
El 20 de junio de 2024, se llevó a cabo una manifestación en conjunto con una conferencia de prensa en un salón de la Asamblea Legislativa, impulsada por agrupaciones como el Movimiento Antigentrificación CR y Alianza Escazú y el diputado Ariel Robles. Durante esta actividad, se denunció públicamente la creciente gentrificación que enfrentan distintos territorios del país, tanto en zonas costeras como rurales. A lo largo de una hora, las organizaciones participantes detallaron las consecuencias sociales y ambientales de la inversión inmobiliaria enfocada en turistas y migrantes por estilo de vida. Además, entregaron una petitoria al poder legislativo, en la que plantean una serie de demandas para enfrentar esta problemática.2
Dicha petitoria, también publicada en la plataforma Change.org, reúne 33 demandas organizadas en torno a tres ejes principales: político, económico y ambiental. En el eje político, se solicita que las comunidades y las pequeñas y medianas empresas cuenten con representación vinculante en los procesos de toma de decisiones relacionados con desarrollos inmobiliarios. En el eje económico, se exige la regulación del mercado inmobiliario, en particular de los agentes de bienes raíces y del precio de la tierra, con el fin de asegurar un acceso real a la vivienda para la población local. Asimismo, se plantea la necesidad de revisar los impuestos aplicados a residencias de lujo y promover una diversificación económica en las zonas rurales. En el ámbito ambiental, las demandas se centran en garantizar el acceso al agua como un derecho humano, mejorar la detección y sanción de delitos ambientales, proteger el paisaje natural, fortalecer las capacidades institucionales ambientales y aplicar con rigor las leyes que resguardan la zona marítimo-terrestre.3
El 17 de enero de 2025 se realizó una segunda manifestación, esta vez en las afueras de la Asamblea Legislativa. Fue organizada por el colectivo No a la Gentrificación, Turistificación y Daño Ambiental en CR, y evidenció la creciente preocupación ciudadana frente al cierre del acceso a playas públicas, el encarecimiento de servicios básicos, la priorización de inversiones extranjeras por encima de las necesidades de la población local y la expulsión de habitantes históricos.4
Durante esta protesta, se exigió que se regule y restrinja la compra de tierras por parte de extranjeros, así como la eliminación de la visa de inversionista, que actualmente otorga residencia a quienes invierten al menos 150.000 dólares en la compra de propiedades en el país. También se demandó la prohibición del “visa run”, una práctica que permite a personas extranjeras residir de forma indefinida en el país sin ningún tipo de regulación. Se hizo un llamado a establecer el colón como la única moneda de uso obligatorio en todo el territorio nacional, para evitar la dolarización de las economías locales, y se exigió que se garantice el acceso libre y por tierra a todas las playas, evitando su privatización o bloqueo por parte de hoteles y complejos turísticos. Además, se reclamó la aplicación de sanciones a quienes acaparan fuentes de agua con fines personales o comerciales, y se insistió en que, si no hay agua para el pueblo, tampoco debería haberla para piscinas ni para mantener verdes los campos de golf de lujo. Finalmente, se reiteró la necesidad de establecer políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda digna para las personas costarricenses.5
En este escenario, es claro que el turismo ha impactado profundamente en la identidad costarricense y, aunque se han planteado alternativas sostenibles como el ecoturismo rural comunitario, también se han impulsando procesos de gentrificación agresivos en muchas zonas del país, debido a la falta de regulaciones, la corrupción y la burocracia, arrastrando una creciente desigualdad, malestar social y conflictividad ambiental. En este contexto, abrimos la presente convocatoria para incluir en esta exposición manifestaciones artísticas que sirvan de herramienta para visibilizar las distintas dimensiones de la gentrificación y las tensiones entre la identidad, la conservación y el desarrollo económico.
Iris Lam Chen y Jorge Salazar Arroyo
Notas al pie:
La presente convocatoria para exposición busca obras realizadas por artistas costarricenses y de Centroamérica que aborden el tema de la gentrificación y sus diversas aristas como la formación de identidad nacional, la conservación del ambiente y el desarrollo económico.
El ejercicio curatorial se desarrollará sobre obra ya realizada y expuesta, obra ya realizada e inédita, o propuesta de obra aún no realizada, atendiendo al margen temporal de la Convocatoria. Para ello, las personas artistas participantes enviarán un Dossier actualizado de artista, así como la propuesta específica de obra o proyecto para la exposición, que está adjunto al Formulario de Inscripción, el cual será revisado como principal insumo del ejercicio curatorial.
Formulario de inscripción: https://forms.gle/TFBRCbSP8wKvtTEY7
El CCE pagará entre $150 y $500 de honorarios de participación según el total de artistas que se seleccionen para la exposición, contra factura y certificación de cuenta bancaria a partir de indicaciones que se darán a las personas seleccionadas.
No se define un formato o modalidad disciplinar específica de obras. Se aceptarán obras creativas correspondientes a disciplinas diversas contemplando arte contemporáneo, artes visuales, performance, audiovisuales, documentación artística de proyectos artísticos, siempre y cuando se vinculen a la motivación curatorial de la exposición.
El criterio de selección atenderá a artistas costarricenses y artistas residentes en Costa Rica, sin importar edad, género, lugar de origen u otros, cuyo trabajo aborde el tema curatorial.
La comunicación de resultados se realizará en la fecha definida por el proyecto a través de correo electrónico. Luego de esta comunicación se procederá a la coordinación de encuentros de trabajo entre el curador y las personas artistas seleccionadas con vistas a definir y acordar criterios de montaje.
Jorge Salazar Arroyo es arquitecto, diseñador y gestor cultural. Su práctica se sitúa en la intersección entre el arte contemporáneo, la arquitectura y el diseño de experiencias, explorando las dimensiones simbólicas, afectivas y políticas del espacio. Le interesa investigar las tensiones entre territorio, estética y poder, mediante proyectos que combinan instalación, producción colaborativa, mobiliario e intervención urbana.
Egresado del Conservatorio de Castella y del United World College Costa Rica, obtuvo su licenciatura en Arquitectura en la Universidad de Costa Rica (UCR). Ha participado en plataformas como Inédito (México Design Week), la Bienal de Arte de la Luz (Galería Nacional de CR) y el Fondo Concursable Pila de la Melaza (MADC) . Sus colaboraciones han incluido museos, artistas, comunidades y organizaciones culturales, desarrollando procesos curatoriales, dispositivos expositivos y talleres experimentales.
Actualmente dirige Almohada Estudio, un espacio desde el cual investiga la arquitectura blanda, las atmósferas lumínicas y la producción cultural situada. Es creador del Laboratorio de Producción Multiespecies, una plataforma pedagógica y de acompañamiento creativo para artistas, diseñadores y músicos emergentes, donde se trabajan metodologías colaborativas y especulativas orientadas a repensar el habitar desde lo más-que-humano.
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